Intervención alerta que los contratos de autobús y aparcamiento que el alcalde otorga de forma discrecional deben salir a licitación para garantizar la competitividad de los precios

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, se ha vuelto a saltar la ley para pagar más de 703.000 euros a empresas contratadas verbalmente. Así lo ha denunciado el portavoz del PP en Vila-real, Héctor Folgado, después de que el socialista haya convocado un pleno extraordinario hoy lunes para abonar 186.844,94 euros con informes técnicos que alertan de la ilegalidad del procedimiento.

“No hay contrato porque Benlloch hace lo que le da la gana, saltándose incluso a Intervención que alerta de la ilegalidad. Y lo hace no solo con estas facturas, sino con un acumulado que supera los 703.000 euros de pagos no sujetos a un contrato desde 2018”, ha denunciado el portavoz del PP en Vila-real.

A la sesión plenaria de hoy lunes, correspondiente a facturas sin contrato del pasado año, se sumarán los 517.107,36 euros de pagos de 2019. “Es una vergüenza que tras nueve años de gobierno, el alcalde haya sido incapaz de elaborar los pliegos de condiciones que regularicen los contratos de autobús y aparcamiento. Pero Benlloch hace lo que le da la gana”, ha vuelto a reiterar el líder del PP.

Para Folgado, “Vila-real merece gestores que sean capaces de cumplir la ley, no un alcalde que administra el Ayuntamiento de Vila-real como si fuera un cortijo”. Una afirmación que ha apoyado en los informes de Intervención que alertan de la ilegalidad de pagar facturas a empresas contratadas con acuerdos verbales.

En opinión del líder del PP, “estas empresas no tienen la responsabilidad de cargar con unos impagos provocados por un alcalde irresponsable e incapaz, del mismo modo que los vecinos no merecen el castigo de un gestor que administra el dinero de todos como si fuera suyo”.

En este sentido, Folgado garantiza que desde el Partido Popular, “vamos a seguir defendiendo los intereses de Vila-real”. “Nuestra ciudad merece transparencia en la administración de los fondos públicos y legalidad en la concesión de contratos. Porque”, tal y como ha señalado el regidor, “licitar la adjudicación de contratos de esta naturaleza no solo es una obligación legal sino que además garantiza precios competitivos y beneficios para la población que ahora perdemos porque Benlloch prefiere utilizar su dedo”.