El Partido Popular ha instado al alcalde a actuar con “mayor transparencia” y ha denunciado que el actual equipo de gobierno no ha dado respuesta al 50% de las peticiones formuladas por el grupo de la oposición en los últimos seis meses. La edil Marisa Mezquita ha explicado que tanto la Ley de Bases del Régimen Local como el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) recogen la obligación de dar respuesta a las peticiones formuladas en el plazo de 5 días, por lo que el Grupo Popular estudiará elevar esta queja a una instancia superior, “si el equipo de gobierno continúa poniendo trabas a la tarea de fiscalización de la oposición”.

La edil popular ha aclarado que fue el propio alcalde el que obligó a los ediles de la oposición a registrar las peticiones por escrito “al impedir realizar esas consultas directamente a los técnicos municipales”. Mezquita ha denunciado que existen preguntas realizadas en el mes de abril que todavía no han obtenido respuesta por parte del cuatripartito, “algo que además de ser inadmisible, va en contra de la propia ley”.

“El número de peticiones está en función de las necesidades de conocimiento sobre cuestiones que se requieran para ejercer nuestro trabajo de fiscalización de la gestión del equipo de gobierno”, ha asegurado la edil de la oposición, quien ha avanzado que el Partido Popular “no cesará en su empeño de realizar tantas peticiones como sean necesarias para realizar el trabajo encomendado por los vecinos”.

Entre las cuestiones sin respuesta, Marisa Mezquita ha destacado la petición de un informe por el desprendimiento de una parte del techo del edificio de La Panderola o un informe que avalara la actuación llevada a cabo sobre el edificio del Casino Carlista. “Esta ocultación de información impide ejercer con normalidad la tarea de fiscalizar la gestión del equipo de gobierno”, ha apuntado la edil del PP.

Por último, la concejala popular ha señalado que el hecho de no contar con algunos de estos informes “dificulta también el estudio del nuevo presupuesto por parte de la oposición”, ya que entre las cuestiones requeridas se encontraba la petición de un informe que valore la derogación de la ordenanza del ICIO y varias solicitudes relativas a los contratos de suministros o servicios “de importancia”, como por ejemplo el del agua potable o de la limpieza de edificios municipales.