Los populares solicitan resolver el conflicto tras cuatro años de parálisis asumiendo el Ayuntamiento las competencias y, además, elaborar una auditoría para analizar la falta de servicios

Marisa Mezquita señala que “debemos buscar una solución que beneficie a los vecinos de esta zona y no perder más tiempo”

El grupo municipal popular de Vila-real ha instado hoy al equipo de gobierno a desbloquear la urbanización de la partida Madrigal y llevar a cabo una auditoría con las carencias y necesidades de los residentes en esta zona.

        La concejala popular Marisa Mezquita ha manifestado hoy que “en los últimos cuatro años no se ha avanzado en nada y no podemos consentir perder cuatro años más” por lo que solicita que “lo primero que hay que hacer es resolver el PAI y elaborar una auditoría de los servicios pendientes en aquellas unidades de ejecución que se iniciaron y no se han acabado”. Además, Mezquita propone un plan de actuación “que determine las necesidades concretas que el Ayuntamiento puede llevar a cabo por el bien general de los vecinos”.

        La edil considera que “aunque se ha querido dar la imagen de que se estaban llevando a cabo acciones, lo cierto es que no ha habido ningún avance ni legal ni formal sobre la partida Madrigal”.

        Esta parálisis debe resolverse y, “aunque sabemos que es una cuestión compleja, desde el PP queremos ser útiles a los vecinos afectados y que entre todos busquemos una solución común que beneficie a todas la partes”.

        La concejal popular ha advertido que “en ningún momento estamos hablando de perdonar nada a la urbanizadora ni que los vecinos paguen cuotas de urbanización”. Es decir, “lo que proponemos es  analizar en qué punto se encuentra cada unidad de ejecución, resolver los problemas más urgentes y resolver de forma definitiva este conflicto”.

        Mezquita recuerda que en muchas de las calles abiertas en la partida Madrigal “los vecinos se encuentran en una situación de desigualdad ya que pagan el IBI como si vivieran en el centro pero no disponen de servicios mínimos, como alumbrado público”.

La edil recuerda, además, que “los vecinos no pueden construir nada, ni concederse licencias”. De ahí que “resolver este conflicto sea una prioridad para poder beneficiar a los vecinos y a las empresas de construcción y de servicios que podrían estar trabajando en esta zona tan extensa de la ciudad y en la que supondría reactivar la economía local”.