El portaveu popular, Adrián Casabó, assegura que el protocol signat entre l’Ajuntament i la Generalitat no compromet en res a l’administració autonòmica. “Només els va importar fer-se la foto en l’inici de la campanya electoral”, lamenta.

El Partido Popular de Vila-real lamenta “un nuevo engaño” del alcalde socialista a los vecinos de Vila-real, esta vez sobre el proceso de compra del edificio del antiguo Bingo en la avenida Cedre. El portavoz de los populares, Adrián Casabó, ha asegurado que el protocolo con la Generalitat al que hace referencia Benlloch “no compromete a la administración autonómica a aportar ninguna cantidad para la compra”.

“Este documento se firmó a las puertas de la campaña electoral de las municipales de 2023 y solo sirvió para que Benlloch se hiciera la foto y vendiera una colaboración con la Generalitat que no era tal, lo que vuelve a demostrar el uso partidista que el alcalde socialista hace de una institución que es de todos, como es el Ayuntamiento de Vila-real”, ha denunciado Casabó.

Según ha explicado el portavoz popular, “para esta supuesta colaboración se optó por un protocolo, el acuerdo menos formal de cuantos puede acordar una administración, un documento que además no recogía ningún compromiso firme del gobierno autonómico socialista”. El mismo documento firmado por el alcalde y el anterior Director General de Administración Local deja claro que “no supone la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles”

“Volvemos a constatar un nuevo engaño de Benlloch a los vila-realenses, ya que el protocolo de compra del inmueble tampoco fija ninguna cantidad concreta a aportar por parte de la Generalitat, a pesar de que el alcalde ha asegurado que la administración autonómica iba a financiar la compra con 1,2 millones de euros”, ha explicado el líder del PP.

“Desde el PP de Vila-real consideramos que hay otras prioridades en la ciudad que sí que deben contar con la ayuda de la Generalitat en materia social, sanitaria o educativa. En un momento económico como el actual, la compra de inmuebles que, como sucede en muchas otras ocasiones, se quedan sin uso para los vecinos, no puede ser una prioridad ni para el gobierno local ni para el autonómico”, ha concluido Casabó.